¿Adiós al efectivo? Qué propone y por qué preocupa la nueva ley de pagos digitales en México

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, diseñada para impulsar la implementación y adopción de medios de pago electrónicos y digitales en México. La iniciativa, según sus promotores, busca fortalecer la inclusión financiera y ampliar las oportunidades para los negocios en el país. Sin embargo, los opositores afirman que se trata de un mecanismo autoritario que facilita la vigilancia y podría acentuar las desigualdades persistentes en el mercado mexicano.

En términos generales, la propuesta de ley “tiene por objeto cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, para que cualquier persona pueda pagar de manera digital”, de acuerdo con el documento de presentación.

El proyecto define como pagos digitales y electrónicos aquellos realizados a través de códigos QR, códigos de respuesta rápida y dispositivos NFC que permitan “la realización de pagos; el uso de tarjetas de débito y de crédito; órdenes de transferencia de fondos, incluido el servicio conocido como domiciliación; cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que permita la realización de pagos, transferencias de recursos, así como a otros reconocidos conforme a las disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades competentes de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia”, informó la Cámara de Diputados.

Entre otras cosas, la normativa establece que la CURP digital deberá ser aceptada como un mecanismo válido para acreditar la identidad de los usuarios que deseen contratar algún servicio financiero mediante plataformas electrónicas. No obstante, precisa que los interesados también podrán utilizar otros documentos oficiales para tal fin.

La nueva ley contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano, que funcionará como un recurso para facilitar el acceso de las instituciones financieras a documentos o información digital de quienes busquen contratar algún servicio financiero, con autorización previa. Los datos incluidos en este expediente tendrían los mismos efectos jurídicos que sus equivalentes físicos y las personas podrían solicitar su consulta y portabilidad.

Además, el marco legal plantea que las autoridades de los tres órdenes de gobierno adopten los medios de pago electrónicos y digitales para trámites y servicios, mientras que los proveedores de bienes y servicios podrán implementarlos. Tanto autoridades como establecimientos tendrían que habilitar la infraestructura necesaria, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y establecer mecanismos para atender contingencias que impidan temporalmente aceptar pagos digitales.

La nueva ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar sectores estratégicos o actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos serán la única forma de pago. Hasta el momento, se desconocen las condiciones, requisitos y reglas de operación a las que quedarán sujetos estos ramos. La propuesta contempla una excepción: cuando una contingencia imposibilite recibir pagos digitales, se permitiría temporalmente el uso de efectivo o cheque, pero estas situaciones no podrían convertirse en una práctica permanente.

Finalmente, el proyecto delega a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el desarrollo de modelos y soluciones tecnológicas vinculados con la digitalización de trámites y servicios, que incluyen la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles.

¿Inclusión a la economía digital o un nuevo mecanismo de vigilancia?

Pese al avance de la propuesta en el proceso legislativo, el proyecto ha generado opiniones opuestas entre los legisladores alrededor de su aplicación efectiva, su propósito y el impacto económico que podría generar entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como entre los consumidores.

Carlos Hernández Mirón, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que esta ley es una herramienta necesaria para impulsar el mercado interno. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sostuvo que México cuenta con la infraestructura necesaria para atender pagos digitales masivos, ya que “98%” de los mexicanos cuenta con un dispositivo móvil que les da acceso a estos servicios (en realidad la cifra es del 84.6% de la población en México de 6 años o más la que usó un teléfono celular en 2025, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI).

Además, aseveró que su aplicación no representa un impacto considerable al gasto público, debido a que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación considera 4,000 millones de pesos asignados a la ATDT y a la SHCP.

En línea similar, el diputado Luis Armando Díaz, del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que, por primera vez, México contará con un marco jurídico que obliga a los tres órdenes de gobierno a impulsar los pagos digitales y establece reglas de confianza, identidad digital, trazabilidad, seguridad e interoperabilidad que ampliarán el uso de estas soluciones. A su juicio, “el problema que atiende esta ley es claro, México no carece de infraestructura digital, lo que falta es que esa infraestructura llegue a la vida cotidiana de las personas”.

Díaz añadió que esta ley evitará que las personas y pequeños negocios queden fuera del sistema financiero actual. Explicó que “cada pago digital genera un registro. Cada registro ayuda a construir un historial. Ese historial abre la puerta al crédito, a la formalización y al crecimiento; se trata de un avance tecnológico con rostro humano. Respaldamos que la ley establezca reglas claras de seguridad, identidad digital e interoperabilidad. Las personas deben tener la certeza de que su dinero y sus datos están protegidos”.

No obstante, esta idea fue cuestionada por Emilio Suárez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien reconoció que, aunque México necesita participar con mayor protagonismo en la economía digital, el dictamen aprobado podría generar una brecha digital interna aún mayor de la que ya es visible en el país.

“Esta ley podría combatir y ayudar a modernizar la economía mexicana y ampliar el acceso a servicios financieros, pero como está planteada, el riesgo es que aumente la exclusión, la vigilancia y la vulnerabilidad tecnológica si se aplica de manera obligatoria, sin infraestructura suficiente ni conducción efectiva de los usuarios”, precisó.

Verónica Pérez Herrera, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que no se debe confundir la practicidad de la tecnología con que estas herramientas faciliten al gobierno “la posibilidad de saber cada vez más sobre tu vida”. Precisó que México necesita actualizarse, “pero no confundamos modernización con control, ni digitalización con vigilancia, ni una buena herramienta con una obligación mal diseñada”.

Por su parte, Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), acusó que la normativa no especifica quién deberá asumir los costos relacionados con la conectividad, los dispositivos de cobro y los procesos de adaptación. Señaló que no hay certeza de que el Estado asuma estos gastos y sugirió que este vacío podría dejar en condiciones de vulnerabilidad a los pequeños negocios, municipios más desfavorecidos y consumidores a largo plazo.

Además, alertó sobre posibles peligros de privacidad y centralización de poder. “La iniciativa no dice qué datos se guardan, por cuánto tiempo, quién los consulta ni para qué. No habla de auditorías independientes ni de sanciones por filtraciones. Es una puerta abierta peligrosa en las manos de un Estado que ha usado a este Congreso, a sus diputados, solo para concentrar poder. Digitalizar, sí, pero con el costo a cargo del Estado y no de la tiendita”.

Finalmente, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, diputado del PAN, calificó el dictamen como “autoritario, arrogante y prepotente”. Afirmó que la oposición no está en contra de las nuevas tecnologías, sino de la manera en que esta iniciativa plantea su uso. “Nos dicen que los sectores estratégicos y actividades relevantes que se definan serán los obligados a aceptar pagos digitales, pero no nos dicen cuáles son los criterios a través de los cuales se van a definir estos sectores y actividades relevantes”.

La propuesta se deriva de una iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a principios de septiembre. Con 327 votos a favor y 122 en contra, el proyecto fue aprobado por los diputados federales y se remitió a la Cámara de Senadores “para sus efectos constitucionales”, según el boletín legislativo.